Plantea el problema de la eficiencia de los servicios públicos, entendida como un complejo balance entre el costo, la calidad y la cobertura de esos servicios. Argumenta que la adecuada dirección política y la rendición de cuentas, tanto a las autoridades como a la ciudadanía, son elementos vitales para una reforma democrática del Estado costarricense, y que los instrumentos de evaluación deben jugar un papel central en el funcionamiento de las instituciones públicas. Considera la necesidad de impulsar reformas radicales en los procesos de administración de los recursos públicos. Señala que para que el proceso de la reforma sea exitoso, debe avanzarse hacia una gestión innovadora de los recursos humanos que requieren las instituciones.